El Principal Digital, Santo Domingo.-El Ministerio Público presentó lo que constituye ser una familia de estafadores inmobiliarios, una asociación de malhechores encabezada por Enmanuel Ledesma.
Los presentados a la justicia y a quienes se le conocerán medidas de coerción son; sus dos hijos Eduardo Rivera Pichardo y María Gabriela Rivera Pichardo, su esposa Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y su hermana Mirna Catalina Rivera Ledesma.
Al gruño se les imputa en los delitos de estafa inmobiliaria, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos al empresario Emmanuel Rivera Ledesma y a
Además, están siendo encartados, Reilin Arismendy Rosario García, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.
De acuerdo a la investigación del organismo de persecución, este grupo se dedicaba a ofertar proyectos inmobiliarios mediante múltiples maniobras fraudulentas a clientes residentes en el país y en el exterior, quienes aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron. Por el momento se han querellado 147 personas que dicen haber sido estafados por este grupo.
El grupo está acusado de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos y falsificación.
A Emmanuel Rivera Ledesma
El líder del societario lo encabeza Enmanuel Rivera Ledesma, según el Ministerio Público.
El Ministerio Público señala a Rivera Ledesma como el líder de la supuesta red delictiva que creó junto a los demás imputados en el 2019 utilizando el sector inmobiliario, específicamente proyectos de construcción de edificios y locales comerciales, a través de diferentes maniobras fraudulentas a los fines de captar dinero de las víctimas para vivir una vida de lujos y gastos.
La investigación establece que el grupo utilizó las entidades comerciales Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL como vehículos societarios para hacer que sus víctimas les entregasen los fondos. En una empresa hacían los contratos de compra y venta y pedían que los fondos fueron depositados a la segunda empresa.
Le vendían a dominicanos residentes en el extranjero
El expediente del Ministerio Público sostiene que para realizar sus fechorías al amparo de la ilegalidad prefirieron personas no vinculadas directamente o residir en el país.
Sabiamente, indica el documento judicial, que los implicados en el caso identificaron una cantidad importante de dominicanos en el exterior como un blanco objetivo, en vista que, al no estar en República Dominicana, no podrían ver los retrocesos o inexistencia de los proyectos de construcción utilizados como maniobra fraudulenta.
El documento judicial indica que vendieron más de trescientas unidades de apartamentos, de proyectos para los que no tenían ni siquiera permiso de construcción y en algunos casos ni la propiedad del terreno.
«Todos los terrenos adquiridos para supuestamente edificar los proyectos presentaron Litis y problemas judiciales de consideración, que apenas algunos se han logrado resolver con el dinero de las hoy victimas, pero que realmente carecían de un derecho de propiedad en favor de la estructura al momento de que captaban a las víctimas2, explica el expediente.
Asimismo, expone que los implicados vendieron a distintas personas las mismas unidades de apartamento e incluso vendieron decenas de proyectos y unidades inexistentes.
Añade que utilizaron abogados y contables, quienes, a pesar de se sujetos obligados, entraron al esquema fraudulento para darle al entramado apariencia de legalidad y estabilidad financiera, así como también, asesorar para encubrir sus maniobras fraudulentas.
De igual manera agrega que los acusados de estafa movilizaron millonarias cantidades de dinero por cuentas particulares, sin ningún tipo de justificación ni soporte financiero.
«El líder de la organización criminal amenazaba, insultaba e intimidaba a las víctimas ante quienes presumía de sus supuestos contactos dentro y fuera del sector justicia», cita el documento.
La solicitud de medida de coerción expone también que, la alta gerencia de la organización gastaba millones de pesos, en cuestiones personales utilizando los recursos captados de las víctimas a través del esquema fraudulento de estafa.